La maquinaria habría servido al Clan del Golfo, según autoridades.
Un operativo del Ejército Nacional en el municipio de Cáceres (Bajo Cauca, Antioquia) permitió intervenir ocho unidades productoras mineras ilegales en la vereda Puerto Santo. En el lugar se destruyeron cinco excavadoras, tres motores industriales, tres motobombas, cinco clasificadoras, 1.600 metros de manguera y 1.360 galones de ACPM, con un avalúo superior a $3.000 millones. La maquinaria, de acuerdo con información oficial, estaría al servicio del GAO Clan del Golfo.
La acción se enmarca en las operaciones de la Brigada contra la Minería Ilegal y el Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, con apoyo del CTI de la Fiscalía. Las autoridades señalaron que la ofensiva busca debilitar economías ilícitas y reducir el daño ambiental en esta subregión de Antioquia, históricamente afectada por la explotación aurífera ilegal.
En el área intervenida, las tropas hallaron varios frentes activos de extracción aluvial con maquinaria amarilla operando en inmediaciones de fuentes hídricas. La destrucción controlada de los equipos se realizó bajo los protocolos vigentes para impedir su reutilización en entornos de difícil acceso y alto riesgo.
La intervención ocurre menos de un mes después de otro operativo en la vereda San Lorenzo (Cáceres), donde fueron intervenidas cuatro unidades mineras y se hallaron dos excavadoras y equipos asociados. Según la investigación, esa estructura podía extraer 12.000 gramos de oro al mes, con ganancias superiores a $5.000 millones, recursos clave para el financiamiento del crimen organizado.
En los últimos años, el Bajo Cauca ha concentrado una alta intensidad de minería ilegal, con impactos severos en deforestación, sedimentación de ríos y contaminación por combustibles y metales. Reportajes y registros fotográficos dan cuenta de cráteres y lagunas de agua turbia junto a zonas pobladas y carreteras.
Desde instancias militares y de gobierno departamental se ha insistido en mantener y reforzar estos operativos ante la capacidad de recomposición de las redes ilegales y su vínculo con grupos armados. En 2025, la Gobernación de Antioquia reiteró el llamado a la Fiscalía y la Fuerza Pública para focalizar esfuerzos en el Bajo Cauca ante la persistencia de centenares de unidades productivas ilícitas.
A nivel nacional, las Fuerzas Militares han reportado periódicamente acciones contra maquinaria y campamentos mineros ilegales en distintas regiones, en especial en corredores donde confluyen minería, narcotráfico y extorsión. Estas campañas incluyen destrucción de dragas y retroexcavadoras para cortar la cadena de valor del oro ilegal.
En la operación de Cáceres participaron unidades especializadas en ingenieros militares y inteligencia, además de peritos técnicos para la identificación de equipos y combustibles. El objetivo, explicó la institución, es afectar las finanzas del Clan del Golfo y prevenir daños adicionales a ríos y suelos.
Expertos ambientales advierten que la destrucción de maquinaria es una medida de contención inmediata, pero que el control territorial sostenido, la formalización minera y la trazabilidad del oro son indispensables para reducir el incentivo económico ilegal y el desplazamiento de la actividad hacia nuevas áreas.
Comparativamente, otras regiones del país han registrado operaciones similares con incautación o destrucción de equipos y cierre de frentes, lo que sugiere una estrategia nacional frente a la minería ilícita que combina acciones judiciales y ambientales.
Autoridades militares y departamentales señalaron que la ofensiva golpea las rentas del crimen y reduce presiones sobre comunidades cercanas a los ríos Cauca y Nechí, donde se concentran impactos de la minería ilegal. Organizaciones civiles han pedido que estas operaciones se acompañen de alternativas económicas y fortalecimiento institucional local.
Desde la Gobernación y alcaldías del Bajo Cauca se insiste en coordinar esfuerzos con Fiscalía, Policía y Ejército para evitar la reinstalación de frentes y proteger a la población de retaliaciones y daños ambientales acumulados.
El operativo en Puerto Santo deja un duro golpe a la infraestructura minera ilegal en Cáceres y evidencia la prioridad por asfixiar las finanzas de grupos armados en el Bajo Cauca. El reto ahora es sostener el control, judicializar redes logísticas y cerrar brechas que alimentan esta economía ilícita.
