La senadora apuntó a la oposición y encendió el debate.
La discusión pública en Colombia se encendió tras conocerse que siete menores de edad murieron en un bombardeo de las Fuerzas Militares contra el Estado Mayor Central en Guaviare, operación que dejó 20 fallecidos en total. En medio de la controversia, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, publicó: “Para los que pedían bombardeos, ahí los tienen”, señalando a sectores de oposición por impulsar esa estrategia de seguridad. El mensaje detonó críticas desde múltiples orillas.
De acuerdo con reportes iniciales de la Defensoría del Pueblo, los menores habrían sido víctimas de reclutamiento forzado. La entidad recordó que el Derecho Internacional Humanitario impone límites estrictos incluso cuando hay pérdida de estatus de civil por coacción. En redes sociales, líderes políticos, incluidos cercanos al Gobierno, rechazaron tanto la muerte de los menores como el tono del pronunciamiento de Zuleta.
El operativo tuvo como objetivo a estructuras del EMC, facción disidente de las FARC comandada por alias “Iván Mordisco”, con presencia en corredores estratégicos de la Amazonía. Hechos similares han tensado la agenda de seguridad en regiones como Caquetá, Meta y Putumayo, donde el reclutamiento de menores, la minería ilegal y el narcotráfico elevan el riesgo para la población civil.
Las declaraciones de Zuleta apuntaron a que la oposición habría presionado la retomada de bombardeos durante el Gobierno de Gustavo Petro. Opositores replicaron que trasladar culpas en una tragedia con niños resulta inaceptable y exigieron explicaciones operacionales. La representante María Fernanda Carrascal, sin mencionar a la senadora, enfatizó que “a los niños no se les bombardea”.
Desde el oficialismo, voces como el sargento Alexander Chala y el activista Beto Coral —ambos favorables a la paz— cuestionaron a Zuleta y pidieron asumir responsabilidades sin “lavar culpas”. El intercambio dejó al descubierto fisuras en el relato de seguridad del Gobierno y un deseo transversal de esclarecer las circunstancias del operativo.
La Defensoría insistió en investigar el reclutamiento de menores y exigió medidas de prevención en territorios donde persisten grupos armados. Organizaciones de derechos humanos pidieron transparencia sobre objetivos, proporcionalidad del ataque y protocolos para minimizar daños a personas especialmente protegidas.
El antecedente de operaciones con presencia de menores ha sido objeto de debate nacional desde 2019 y 2021. En esos episodios, informes oficiales y de ONG plantearon preguntas sobre inteligencia previa, verificación de blancos y evaluación de riesgos. El caso de Guaviare reabre la discusión sobre el alcance de la fuerza militar frente a estándares del DIH y las obligaciones estatales de protección.
En el Congreso, sectores pidieron un debate de control político para revisar reglas de enfrentamiento, cadena de mando, y la pertinencia de bombardeos en áreas con presunta presencia de NNA reclutados. Analistas señalan que la presión por resultados en seguridad suele chocar con el mandato de proteger a la niñez y con metas de la “paz total”.
También se prevén pronunciamientos internacionales. Misiones y relatorías han advertido sobre el reclutamiento y uso de menores por actores armados, y sobre el deber estatal de prevención y respuesta diferenciada. Las prácticas de rescate, evacuación y atención psicosocial a víctimas son parte del enfoque recomendado para estos contextos.
Las reacciones siguen acumulándose. Mientras se esperan reportes forenses y partes oficiales actualizados, la controversia por el mensaje de Zuleta corrió en paralelo al dolor por las víctimas y al llamado a no revictimizar. Las autoridades prometieron información adicional una vez culminen las verificaciones.
La frase de Zuleta deja una estela política complicada: reaviva banderas partidistas en un momento en que el país reclama claridad y humanidad frente a la guerra. Lo urgente es establecer responsabilidades, prevenir nuevos hechos y garantizar que la protección de la niñez no sea una consigna, sino una práctica operativa.
