El mandatario vinculó las trabas a efectos de sanciones financieras
El presidente Gustavo Petro confirmó que Verónica Alcocer enfrenta dificultades para regresar a Colombia y aseguró que emprenderá las gestiones necesarias para facilitar su retorno. El mandatario se refirió al tema durante la conmemoración de los 94 años de la Casa Militar en la Casa de Nariño, donde dijo: “La mamá de Antonella no puede llegar aquí porque no puede… y yo voy a hacer que pueda”. La declaración llega en medio del impacto que han tenido sanciones asociadas a la llamada Lista Clinton sobre su entorno familiar y el Gobierno.
De acuerdo con lo expuesto por Petro, las medidas adoptadas por compañías y aliados frente a las sanciones han escalado desde septiembre y octubre, afectando a él, su esposa y miembros de su familia, con repercusiones logísticas y financieras. En el pasado reciente, el Ejecutivo ya había reportado incidencias en giras internacionales, como negativas de suministro de combustible o soporte técnico al avión oficial, así como la suspensión de mantenimiento al helicóptero presidencial por parte de Leonardo Helicopters.
El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo tras varias semanas de controversia pública por la vida de Alcocer en Suecia, tema que escaló a titulares internacionales. Informes de prensa europea describieron que la primera dama se ha mantenido en Estocolmo desde octubre, en un contexto de escrutinio por su sostenimiento económico y su relación con actividades oficiales. Petro ha defendido que no usa recursos públicos.
El Gobierno ha señalado que las restricciones financieras derivadas de sanciones internacionales han generado cautelas entre empresas proveedoras, incluidas aerolíneas y contratistas del Estado, lo que puede entorpecer desplazamientos y trámites. En el caso de la Casa Militar, estas contingencias ya habían sido visibles en meses recientes por decisiones de terceros sobre aeronaves del esquema presidencial.
La situación de Alcocer se inserta, además, en un ambiente político interno marcado por cambios en la Casa de Nariño y en la Cancillería durante 2025, lo que ha condicionado la estrategia diplomática para destrabar rutas y autorizaciones. En su discurso, Petro subrayó el componente familiar y humanitario del caso, al referirse a su hija Antonella y a la necesidad de reunificación.
Medios nacionales ampliaron que el mensaje presidencial apunta a un acompañamiento institucional para superar obstáculos de viaje, que podrían implicar revisiones de itinerarios, conexiones y proveedores para evitar eventuales bloqueos derivados de la Lista de la OFAC.
Fuentes periodísticas mencionaron que en paralelo se exploran vías diplomáticas para garantizar un retorno seguro y sin contratiempos, con apoyo de embajadas y de la autoridad migratoria. La prioridad sería evitar incidentes logísticos que pongan en riesgo el desplazamiento.
En perspectiva comparada, episodios donde sanciones internacionales afectan familiares de mandatarios han exigido gestiones discretas y coordinación con países de tránsito. Colombia no es ajena a estos costos colaterales cuando actores o allegados quedan señalados en listas restrictivas.
Por ahora, no hay una fecha oficial para el regreso de Alcocer. El Palacio ha guardado reserva operativa y se limita a afirmar que se hará “todo” para posibilitar el viaje, en tanto la coyuntura política mantiene el tema en el centro del debate.
El pronunciamiento generó reacciones cruzadas. Sectores afines respaldaron la necesidad de proteger la unidad familiar del mandatario; opositores pidieron transparencia sobre los alcances de las sanciones, los costos de las gestiones y el rol institucional de la primera dama en el exterior.
Analistas prevén que, si no se resuelve pronto, el caso puede erosionar capital político, mantener la agenda mediática concentrada en la vida privada y tensionar la diplomacia con socios estratégicos, especialmente cuando persisten contratos y operaciones con firmas extranjeras.
El Gobierno insiste en que se trata de un asunto humanitario y familiar cuyo desenlace exige prudencia y coordinación internacional. En paralelo, la opinión pública seguirá escrutando los límites entre la vida privada y el interés público.
