Defensoría invoca DIH y confirma víctimas menores de edad.
En un bombardeo de la Fuerza Pública en zona selvática de Guaviare, dirigido contra disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, murieron menores de edad que habrían sido reclutados forzosamente. La Defensoría del Pueblo informó seis víctimas menores, mientras que Medicina Legal reportó siete, abriendo un nuevo debate sobre el uso de este tipo de operaciones en contextos con presencia de niños y adolescentes.
El presidente Gustavo Petro defendió la decisión al afirmar que la operación buscaba evitar una emboscada contra soldados, una justificación que generó una fuerte ola de rechazo en sectores políticos y de opinión. Las declaraciones contrastan con posturas previas del propio mandatario frente a operativos similares en años anteriores, lo que avivó el cuestionamiento sobre la coherencia del discurso oficial.
La defensora Iris Marín recordó que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) exige distinción y proporcionalidad en hostilidades, especialmente cuando hay menores reclutados. La entidad pidió esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y revisar protocolos para minimizar riesgos a niños en escenarios de combate.
El reporte oficial informó 25 integrantes de las disidencias neutralizados y recompensas pagadas a informantes. El área intervenida es un corredor estratégico para estructuras armadas, con historial de ataques a la Fuerza Pública, disputas internas y reclutamiento de menores, fenómeno reiterado por autoridades y organizaciones humanitarias.
Desde la oposición y parte del centro político surgieron reproches por la justificación presidencial. Voces como Catherine Juvinao y Sergio Fajardo señalaron una “contradicción” con posturas pasadas del Gobierno frente a bombardeos con presencia de menores. En redes, concejales y activistas exigieron coherencia, investigación y reparación a las familias.
Colombia ha enfrentado controversias similares por operaciones aéreas con víctimas menores. En el plano internacional, casos en países con conflictos internos muestran cómo tribunales y misiones de verificación han impulsado límites estrictos cuando hay niños soldados, subrayando la prioridad de su protección.
El Ministerio de Defensa sostiene que sigue los principios del DIH y que el objetivo era un blanco legítimo dentro del conflicto armado. Organizaciones de derechos humanos solicitan auditorías independientes y la publicación de reglas operacionales sobre bombardeos en campamentos con posible presencia de menores.
El Ejecutivo reiteró que asume responsabilidad política y que la operación impidió más muertes de uniformados. En paralelo, insiste en mantener la presión sobre estructuras armadas que reclutan niños y cometen delitos que afectan a comunidades indígenas y campesinas en la Amazonía y la Orinoquía.
Expertos señalan que estos operativos requieren inteligencia precisa, verificación multifuente y análisis de riesgo continuo para descartar presencia de menores o ajustar tácticas que reduzcan el daño colateral.
Organizaciones civiles y veedurías piden publicar reportes pormenorizados, activar mecanismos de verificación externa y garantizar acceso a la justicia para las familias afectadas, incluido el acompañamiento psicosocial.
El caso podría derivar en investigaciones disciplinarias y penales para establecer si se cumplieron los estándares del DIH. A corto plazo, la controversia tensa el debate sobre seguridad y paz, y condiciona la legitimidad social de futuras operaciones.
La discusión abre una revisión de doctrina: cómo enfrentar a grupos armados que utilizan y reclutan menores sin reproducir daños irreparables. El tema sigue en desarrollo y bajo escrutinio de organismos nacionales e internacionales.
