Julián Prada alista acción popular contra lineamientos del PR30.
El anuncio del Distrito de restringir dos sábados al mes la circulación de vehículos matriculados fuera de Bogotá —e incrementar al 50% el costo del Pico y Placa Solidario para estos— sigue generando controversia. El abogado Julián Prada cuestionó públicamente los lineamientos del llamado PR30, y señaló que “el Alcalde está actuando como si Bogotá fuera una isla”, al considerar que la capital debe coordinar sus decisiones con Cundinamarca bajo el marco de la Región Metropolitana.
En entrevista con Blu Radio, Prada anticipó que presentará una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para pedir la suspensión de esos lineamientos, al estimar que vulneran derechos colectivos y desconocen los principios de coordinación, concurrencia y complementariedad que rigen la Ley 2199 de 2022. Desde la Alcaldía se ha reiterado que la restricción sabatina arrancaría en el primer semestre de 2026 y busca incentivar la matrícula en la capital.
La Alcaldía informó que, a partir de 2026, los vehículos no matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes (de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.), además del esquema entre semana. También aumentará de 20% a 50% el recargo del Pico y Placa Solidario para estos automotores. La administración ha explicado que 3 de cada 10 carros que circulan hoy en la ciudad no están matriculados en Bogotá, lo que afecta el recaudo y la gestión de movilidad.
Para Prada, ese diseño impacta directamente el entorno metropolitano y debería construirse mediante acuerdos regionales, no por decisiones unilaterales del Distrito. El abogado insiste en que la movilidad es un fenómeno interdependiente entre capital y municipios de la sabana, por lo que pide que se suspendan los lineamientos del PR30 mientras el Tribunal analiza de fondo la demanda.
La Ley 2199 de 2022 creó la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca y estableció, entre otros, los principios de coordinación, concurrencia y complementariedad para políticas con impacto supramunicipal, como la movilidad. Para los críticos, ese marco obliga a concertar decisiones que afecten el tránsito interjurisdiccional; para el Distrito, la potestad regulatoria del tráfico interno se mantiene y la medida no impide la coordinación futura.
Según el Distrito, la restricción sabatina no aplicará en 2025 y se trabajará en documentos técnicos y de información ciudadana antes de la entrada en vigor. En comunicaciones oficiales también se ha reforzado la pedagogía sobre el pico y placa vigente entre semana, recordando horarios y excepciones para particulares y taxis.
El Pico y Placa Solidario —permiso pago para circular en días de restricción— seguiría disponible, pero con un recargo del 50% para autos con placa de fuera de Bogotá, como parte del paquete de medidas para incentivar el traslado de matrícula. La plataforma oficial para tramitarlo continúa siendo el portal de la Secretaría de Movilidad.
La Alcaldía ha citado estimaciones según las cuales, desde 2015, la caída de matrículas locales habría representado la no inscripción de 241.000 vehículos y una merma aproximada de $1,1 billones en recaudo potencial para inversión en la ciudad. El gobierno distrital sostiene que equilibrar ese incentivo es clave para financiar la movilidad.
Desde Cundinamarca, el gobernador Jorge Rey ha abogado por un enfoque regional en movilidad, al margen de esta controversia específica. Voces del departamento temen que medidas no concertadas generen congestión en corredores de ingreso y afecten a trabajadores pendulares. El debate subraya la necesidad de instancias de concertación más ágiles en la Región Metropolitana.
En Latinoamérica, capitales con alta congestión han probado restricciones focalizadas los fines de semana y recargos diferenciados para no residentes. Expertos señalan que la eficacia depende de una buena coordinación metropolitana, control y alternativas de transporte público.
A corto plazo, la acción popular podría buscar medidas cautelares que dejen en pausa la implementación de lineamientos del PR30, lo que elevaría la incertidumbre para miles de conductores no matriculados en la capital. A la par, el Distrito continuaría con socialización y ajustes normativos.
Si el Tribunal admite la demanda, se abrirá una discusión de fondo sobre competencias y coordinación entre Bogotá y Cundinamarca. En cualquier escenario, la administración distrital ha reiterado que la entrada en vigor está prevista para primer semestre de 2026, por lo que aún hay margen para concertación técnica.
