Investigación analiza presuntas filtraciones de operativos y contactos con ‘Calarcá’.
La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses, prorrogables, al general Juan Miguel Huertas —jefe del Comando de Personal del Ejército— y a Wilmar de Jesús Mejía, directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por su presunta participación en una infiltración ligada a la estructura disidente de las Farc encabezada por alias ‘Calarcá’. La medida busca evitar que, desde sus cargos, puedan interferir en la recolección de pruebas o reiterar conductas bajo indagación.
Según los expedientes preliminares y reportes periodísticos que activaron las verificaciones oficiales, los funcionarios habrían tenido contactos y filtraciones sobre movimientos de tropas y operaciones en zonas como Antioquia y Catatumbo, e incluso se menciona la idea de una empresa de seguridad para “legalizar” integrantes si fracasaba el proceso de paz. Ambas personas niegan los señalamientos.
La Procuraduría abrió la indagación disciplinaria y luego decretó la suspensión provisional, mientras la DNI y el Ejército iniciaron revisiones internas. Paralelamente, desde la Presidencia se dispuso un análisis forense de los chats y archivos revelados en medios para comprobar su autenticidad.
Los hechos se remontan a material incautado en 2024 a la estructura de ‘Calarcá’, del que habrían surgido correos, mensajes y audios que comprometen a civiles y uniformados. A partir de estas piezas, medios como Noticias Caracol publicaron investigaciones que detonaron el actual escándalo de seguridad.
¿Quiénes son los suspendidos? El general Huertas Herrera fue reintegrado al servicio activo en 2025 para dirigir el Comando de Personal (COPER), un cargo estratégico que maneja traslados y nombramientos dentro del Ejército. Mejía, por su parte, escaló dentro de la DNI y simultáneamente representó a la Presidencia en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, rol del que anunció su renuncia.
El acto administrativo de suspensión —por tres meses, prorrogables— se adoptó bajo el estándar de protección de la investigación y la prueba disciplinaria. Estas decisiones no constituyen sanción definitiva, sino una medida cautelar mientras se verifica si hubo vínculos o filtraciones contrarias al régimen disciplinario.
El caso ocurre en medio del debate por la política de “Paz Total” y señalamientos de cooptación de estructuras del Estado por redes criminales. Analistas sostienen que, de confirmarse, se trataría de una infiltración sin precedentes en áreas sensibles de seguridad e inteligencia.
El Gobierno ha pedido prudencia y anunció verificaciones técnicas antes de adoptar determinaciones de fondo. Huertas y Mejía insisten en que todo responde a un montaje y una campaña de desinformación; entidades de control continúan con indagaciones paralelas.
La decisión de la Procuraduría fue respaldada por sectores que piden “cero tolerancia” con posibles fugas de información estratégica, mientras otros advierten “guerra política”. En el ámbito operativo, la suspensión obliga a encargos y relevo en áreas críticas del Ejército y de la DNI.
De fondo queda la discusión sobre controles internos y contrapesos en el aparato de inteligencia. Lo que determinen las pericias forenses, las investigaciones disciplinarias y, eventualmente, procesos penales, definirá la gravedad de los hechos y la responsabilidad de los implicados.
