De Trinidad y Tobago a Panamá: el abanico de respaldos.
Varios países de América Latina han expresado apoyos —desde logísticos hasta políticos— al despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe desde agosto de 2025, oficialmente orientado a frenar el narcotráfico en rutas marítimas y aéreas. La operación, que incluye buques de guerra y aeronaves tácticas, ha elevado la tensión diplomática con el Gobierno de Venezuela.
El apoyo regional no es uniforme, pero sí creciente. Trinidad y Tobago avala ejercicios conjuntos y escalas de buques estadounidenses; Panamá coopera en seguridad y operaciones contra el crimen transnacional; El Salvador habilita capacidades aéreas en Comalapa; República Dominicana refuerza su colaboración antidrogas; y Guyana mantiene coordinación de defensa en medio de su disputa con Venezuela.
[Desarrollo]
En el eje caribeño, Trinidad y Tobago se ha convertido en pieza clave por su cercanía geográfica con Venezuela y su infraestructura portuaria. Las autoridades locales confirmaron entrenamientos con Marines y visitas de destructores estadounidenses en Puerto España, como parte de las actividades para reforzar la seguridad marítima en rutas usadas por el narcotráfico.
Panamá ha intensificado su cooperación con Washington en materia de seguridad y control de fronteras, además de operaciones marítimas de interdicción. Incautaciones recientes y entregas de equipos refuerzan la coordinación bilateral en un corredor logístico que conecta Caribe y Pacífico.
En El Salvador, el aeropuerto de Comalapa ha sido señalado por reportes de prensa y análisis de imágenes satelitales como punto de apoyo para aeronaves de combate y patrulla, como el AC-130J Ghostrider, dentro del esquema regional antidrogas. Autoridades estadounidenses enmarcan esa presencia en misiones de interdicción transnacional.
República Dominicana ha anunciado incautaciones relevantes de cargamentos ilícitos con coordinación de agencias estadounidenses, fortaleciendo un triángulo de cooperación con la Guardia Costera y autoridades antidrogas. Su ubicación, frente a rutas del Caribe oriental, es considerada estratégica para operaciones marítimas.
Guyana, por su parte, ha mantenido cooperación de seguridad con Estados Unidos en el contexto de su disputa con Venezuela por el Esequibo. Permisos de sobrevuelo y ejercicios de entrenamiento han sido parte de esa coordinación que, indirectamente, también respalda la postura de Washington en el Caribe.
El componente naval estadounidense incluye unidades como el USS Iwo Jima (LHD-7) y destructores clase Arleigh Burke, con operaciones de reabastecimiento y patrulla en el sur del Caribe. La Guardia Costera se mantiene activa con interdicciones y descargas de droga en Florida, como parte de los esfuerzos coordinados por el Comando Sur.
El marco político en Washington define estas operaciones como respuesta al “narcoterrorismo” y a redes transnacionales. Paralelamente, organizaciones y expertos han advertido sobre los riesgos de escalada y la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario en acciones letales contra embarcaciones sospechosas.
En Venezuela, el despliegue estadounidense ha sido calificado como provocación. Caracas ha anunciado aumentos de tropas y movimientos de unidades navales en sus aguas jurisdiccionales, mientras exige mediación regional y denuncia una supuesta intención de “cambio de régimen”.
A nivel regional, el debate se ha centrado en dos ejes: efectividad de la interdicción frente a cadenas de valor del narcotráfico y costos políticos de una mayor militarización. Los Gobiernos que apoyan la operación lo hacen bajo la premisa de que el crimen organizado erosiona la seguridad y la economía locales.
La OEA y gobiernos caribeños han llamado a evitar una escalada, mientras que Washington insiste en que la misión es “antidrogas” y coopera con estados socios. En el Caribe insular, sectores sociales han expresado inquietud por el impacto económico y de seguridad de ejercicios militares cercanos a zonas pesqueras.
En mercados y gremios logísticos de la región se anticipan controles más estrictos de carga y tripulaciones, y mayores tiempos de inspección en puertos estratégicos. Analistas prevén que el aseguramiento marítimo incremente costos de flete en ciertas rutas.
El despliegue en el Caribe reacomoda alianzas y tensiones. Con apoyos latinoamericanos de diferente intensidad, las próximas semanas estarán marcadas por la eficacia de las interdicciones y la capacidad diplomática para contener incidentes.
