Sala plena empató 4‑4 en la decisión
La revisión constitucional de la reforma pensional del Gobierno ha alcanzado un punto crítico: la Corte Constitucional de Colombia registró un empate 4‑4 en la votación sobre su validez, lo que activó la designación de un conjuez para dirimir el caso. La ley, promovida como pilar del sistema previsional en Colombia, permanece suspendida hasta que el nuevo voto especial resuelva si avanza o se declara inconstitucional.
La recusación al magistrado Héctor Carvajal –por haberse desempeñado como asesor de Colpensiones– fue aceptada por la Corte, generando el empate en la Sala Plena. Ahora, el conjuez Carlos Pablo Márquez será quien incline la balanza.
El desenlace de este proceso tiene implicaciones directas para millones de trabajadores, pensionados y el sistema de pensiones en su conjunto, tanto público como privado.
La norma en cuestión es la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional del Gobierno del Gustavo Petro, que busca un nuevo diseño en el régimen previsional colombiano.
El trámite en el Congreso había sido aprobado por segunda vez en junio, tras envío de observaciones de la Corte. Sin embargo, la revisión constitucional se mantiene suspendida mientras se resuelve si fueron subsanados los vicios de trámite.
El conflicto se centró en la recusación al magistrado Carvajal, a quien se atribuye haber asesorado jurídicamente a Colpensiones sobre la materia en debate, lo que generó preocupación por su imparcialidad.
Al quedar Carvajal apartado, la Sala plena se quedó con ocho magistrados habilitados y votó 4‑4: cuatro estaban a favor de declarar la ley inexequible y cuatro a favor de aceptarla.
Conforme al reglamento de la Corte, frente a un empate en una Sala plena debe convocarse un conjuez para emitir el voto decisivo. El conjuez designado es Carlos Pablo Márquez.
La intervención del conjuez implica una demora adicional en la resolución del caso, lo que hace que la entrada en vigor de la reforma —originalmente proyectada para julio de 2025— se retrase.
De aprobarse la ley, se implementaría el nuevo esquema pensional; de declararse inexequible, el Congreso tendría que volver al trámite o el Gobierno replantear la iniciativa, lo que generaría incertidumbre sobre miles de cotizantes y pensionados.
La designación del conjuez marca un hito en el proceso de control constitucional de la reforma pensional, pues sitúa en una sola figura la responsabilidad de desempatar una norma que ha sido eje de debate nacional.
Mientras el país aguarda el fallo, persiste la incógnita sobre el futuro del sistema de pensiones y sobre la fecha en que finalmente entrará en vigencia la ley o si el esquema impulsado deberá reconfigurarse desde el Congreso.
