Con el dato de octubre, el ajuste tomaría un piso cercano al 5,5 %.
El dato de inflación de octubre divulgado por el DANE —5,51 % anual y 0,18 % mensual— se convierte en el principal insumo para la negociación del salario mínimo 2026. Con esas cifras, el “piso técnico” para el ajuste del próximo año rondaría el 5,5 %, antes de sumar productividad y otros elementos que analiza la mesa tripartita.
El Gobierno convocó la instalación de la mesa negociadora para el 1 de diciembre, con participación de empleadores y centrales obreras. Sobre la mesa estarán el dato del IPC, la productividad y el comportamiento del mercado laboral. De lograrse un acuerdo, el incremento se definiría este mes; de lo contrario, el Ejecutivo expediría el decreto correspondiente.
La inflación anual de 5,51 % sugiere que el ajuste de 2026 no debería estar por debajo de ese porcentaje si se sigue la práctica de tomar el IPC como base, a la que se suele agregar productividad. El mínimo vigente en 2025 es de $1.423.500 (sin auxilio de transporte) tras un aumento de 9,53 % acordado para este año, más un auxilio de transporte de $200.000.
Si se aplicara únicamente el 5,51 % al salario base de 2025, el mínimo de 2026 quedaría alrededor de $1.502.000 (sin auxilio). Cualquier cifra por encima de ese umbral obedecería a la discusión por productividad y a consideraciones de empleo y poder adquisitivo.
El Ministerio de Trabajo señaló que el 1 de diciembre se instalará formalmente la mesa. Desde el sector empresarial han reiterado la necesidad de que el ajuste sea consistente con la desaceleración de la economía y el empleo formal, mientras que las centrales obreras presionan por una cifra que recupere poder de compra.
Para 2025, la concertación cerró en 9,53 % y se mantuvo el esquema de auxilio de transporte, lo que llevó el ingreso total (salario + auxilio) a $1.623.500. Esa referencia, más un IPC significativamente menor al de hace un año, perfila una negociación menos tensa en lo técnico, aunque en lo político puede abrir debates por productividad y formalización.
El componente de productividad —estimado por Planeación u otras instancias técnicas— suele ser el punto de mayor discusión: sindicatos piden reconocer ganancias de productividad laboral, mientras gremios advierten sobre los costos para micro y pequeñas empresas.
En el frente macro, la caída de la inflación respecto a los picos de 2022–2023 permite proyectar un ajuste “más bajo” que el del año pasado, al tiempo que el Banco de la República continúa su senda de normalización monetaria. La clave: no deteriorar empleo ni consumo.
El debate incluye cómo impacta el incremento en contratación formal, costos no salariales y PYMES. Además, sectores intensivos en mano de obra —comercio, servicios, agro— suelen sentir más rápido el efecto de un alza del mínimo.
Con la mesa instalada, el proceso prevé varias sesiones técnicas y plenarias. Si hay acuerdo, este se anunciaría antes de Navidad; si no, el Gobierno definirá por decreto teniendo en cuenta IPC, productividad y otros criterios previstos en la ley.
Gremios han pedido un ajuste responsable y gradual que no presione costos en un año de recuperación moderada; centrales obreras insisten en recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación de 2022–2023. La cartera laboral adelantó que habrá espacios técnicos para revisar productividad, mercado laboral y canasta.
Economistas consultados señalan que un rango entre el 5,5 % y el 7 % luce probable, según la señal que se quiera enviar al empleo y la formalización. El resultado final dependerá, además, del dato de productividad que presenten los técnicos y del pulso político en la mesa.
Con un IPC anual de 5,51 % en octubre, el mínimo de 2026 tendría un piso claro y un margen de negociación acotado por productividad y empleo. La discusión arranca el 1 de diciembre y, como siempre, será decisiva para millones de hogares y para la salud del mercado laboral.
