El hecho ocurrió en la madrugada del 25 de noviembre en Uribia.
La comunidad educativa de Uribia, en La Guajira, amaneció conmocionada. En la madrugada del 25 de noviembre, fue secuestrada Janeth Rocío Osorio, profesora de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Isidro Ibarra Fernández. La noticia fue confirmada por el Ministerio de Educación Nacional, que calificó el hecho como una grave vulneración de derechos y un ataque a la institucionalidad educativa de la región.
De inmediato, la cartera exigió la liberación “inmediata, incondicional e íntegra” de la docente y expresó solidaridad con su familia, colegas y estudiantes. El Ministerio solicitó a las autoridades judiciales y a la fuerza pública desplegar capacidades de inteligencia para dar con su paradero y judicializar a los responsables.
Según el comunicado oficial, el secuestro se produjo en Uribia, municipio del norte de La Guajira. La profesora Osorio es tutora del programa de Tutorías para el Aprendizaje y Formación Integral de su institución. El hecho avivó la preocupación por la seguridad de los maestros en zonas apartadas, donde los traslados y las jornadas en territorio implican riesgos adicionales.
Las autoridades locales y departamentales han sido llamadas a coordinar esfuerzos con la Fiscalía y la Policía Nacional. En Uribia y municipios cercanos, estas entidades mantienen estaciones y mecanismos de atención comunitaria que pueden activarse con rapidez para operativos de búsqueda.
El Ministerio subrayó que atentar contra un docente afecta directamente el derecho a la educación de comunidades enteras, en especial en territorios con población indígena Wayuu y con brechas históricas. En La Guajira, la escuela cumple un rol social central: además de enseñar, conecta programas de bienestar y alimentación escolar.
En el pasado reciente, casos de privación de la libertad de personal educativo en el departamento han motivado rechazos unánimes y operativos policiales. La experiencia institucional y comunitaria sugiere que la presión social y la coordinación interagencial aceleran resultados. (Análisis contextual con base en antecedentes regionales).
La comunidad educativa de la Institución Isidro Ibarra Fernández manifestó su preocupación y pidió respeto por la vida de la profesora. Para el sector, garantizar la seguridad del personal docente es condición para sostener la asistencia escolar y la permanencia en el aula, sobre todo en zonas rurales dispersas.
Organizaciones civiles y gremiales, junto con autoridades indígenas de la región, han reiterado el llamado a no instrumentalizar la escuela en conflictos y a blindar las rutas escolares, sedes y traslados de maestros.
Voceros del Gobierno insistieron en que la investigación debe conducir tanto a autores materiales como a eventuales determinadores. El Ministerio recordó que los delitos contra la libertad personal son perseguidos con prioridad.
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría podrían realizar seguimiento preventivo, mientras líderes locales piden a la ciudadanía aportar información que permita ubicar a la docente. “La educación merece protección de todos”, subrayó la autoridad educativa.
En Uribia, colectivos comunitarios preparan jornadas simbólicas para pedir la liberación de la maestra y reforzar el rechazo a cualquier forma de violencia contra el magisterio.
El clamor es unánime: que Janeth Rocío Osorio regrese sana y salva, y que se esclarezcan los hechos. La comunidad espera respuestas rápidas y medidas que eviten nuevos ataques al tejido educativo.
