El sociólogo niega los señalamientos y anuncia acciones legales.
Julián Quintero, sociólogo y fundador de Échele Cabeza y exdirector de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), fue señalado públicamente por presunta violencia sexual por la investigadora Yarelix Estrada. La denunciante afirmó que el episodio ocurrió en julio de 2025 en la sede del proyecto en Teusaquillo, Bogotá, tras un encuentro social en el que, según su relato, se hallaba bajo los efectos del alcohol y sin capacidad de consentir. Organizaciones de sociedad civil pidieron a las autoridades iniciar una investigación pronta y con enfoque de género.
Tras la divulgación del caso, la junta directiva de ATS comunicó “tolerancia cero” frente a la violencia basada en género, retiró a Quintero de su cargo y de cualquier representación de la corporación mientras avanzan los procedimientos internos y externos. Quintero negó las acusaciones y anunció que emprenderá acciones legales para salvaguardar su buen nombre, al tiempo que evitó controvertir los hechos en público.
De acuerdo con el relato difundido por Estrada, los hechos se habrían producido el 25 de julio en la sede de Échele Cabeza en Bogotá. Aseguró que despertó en otra habitación con tocamientos abusivos y la insistencia de consumo de cocaína, situación que, dijo, no podía consentir. Estrada también refirió un episodio previo en marzo, durante un viaje en el marco de actividades internacionales de reducción de daños.
Colectivos y organizaciones con trabajo en políticas de drogas y derechos de las mujeres expresaron respaldo a la denunciante y llamaron a garantizar medidas de no revictimización, protección y reparación. Entre ellas, redes académicas y ONG anunciaron revisiones a sus vínculos con ATS mientras se esclarecen los hechos.
El caso irrumpe en un momento clave para el campo de la reducción de daños en Colombia, que este año fue sede de la conferencia internacional HR25. Échele Cabeza y ATS han sido actores visibles en debates de salud pública y consumo problemático; por ello, la denuncia abrió discusiones sobre gobernanza interna, protocolos y rendición de cuentas en organizaciones sociales.
Fuentes consultadas señalan que, hasta ahora, el proceso se mueve en el terreno de lo disciplinario interno y del llamado a la acción de autoridades judiciales. La Fiscalía podría abrir indagación si media denuncia formal o noticia criminal y, de ocurrir, correspondería activar rutas de atención integral a víctimas, peritajes y recaudo probatorio con debida diligencia.
Expertas en violencias basadas en género recuerdan que los tiempos de denuncia varían y que el consumo de alcohol o sustancias no anula el deber de garantizar consentimiento libre e informado. Subrayan, además, que los procedimientos internos en ONG no sustituyen la acción penal ni las medidas de protección del Estado.
Para ATS, el reto inmediato será asegurar el funcionamiento de sus programas de reducción de riesgos, incluido el trabajo con poblaciones vulnerables, bajo criterios de transparencia y supervisión independiente. Para el ecosistema de organizaciones, el caso pone a prueba políticas de prevención, canales confidenciales de quejas y sanciones proporcionadas.
En paralelo, la defensa de Quintero insiste en preservar la presunción de inocencia y en dirimir cualquier señalamiento en estrados judiciales. El desenlace dependerá de la celeridad institucional, la calidad de las pruebas y el respeto a los derechos de ambas partes.
El asunto mantiene en alerta a aliados y donantes del sector, que anticipan auditorías y condicionamientos de apoyo. De consolidarse prácticas robustas, señalan, el caso podría catalizar mejoras sistémicas en protocolos contra la violencia de género en organizaciones sociales.
El proceso apenas comienza y la atención pública seguirá en ascenso. El llamado general es a investigar sin dilaciones ni presiones mediáticas, garantizando verdades contrastadas, protección a la víctima y debido proceso.
