Caracas lo tilda de “amenaza colonialista” en plena crisis aérea.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”. El mensaje, difundido en Truth Social, estuvo dirigido a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, sin detallar mecanismos oficiales, lo que abrió interrogantes operativas y jurídicas. La Casa Blanca evitó precisar si existe una orden ejecutiva o NOTAM que materialice el anuncio.
La reacción de Caracas fue inmediata. El gobierno de Venezuela repudió con “absoluta contundencia” la declaración, a la que calificó de “amenaza colonialista” y de intromisión en su soberanía. El mensaje llega tras una semana marcada por alertas de seguridad para la aviación y por la revocatoria de permisos a varias aerolíneas internacionales en el país sudamericano.
Aunque el post presidencial fue categórico, no se conocían —al cierre de esta edición— instrumentos regulatorios que dispongan un cierre formal del espacio aéreo venezolano desde autoridades aeronáuticas de EE. UU. o instancias multilaterales. En Estados Unidos, la FAA puede emitir advertencias y restricciones a su tráfico, pero no dispone de jurisdicción para clausurar cielos extranjeros.
Días antes, la FAA había alertado a operadores sobre riesgos de volar en torno a Venezuela por incremento de actividad militar y posibles interferencias de señal. Ese contexto llevó a suspensiones y reprogramaciones en rutas hacia/desde Maiquetía, principal terminal que sirve a Caracas.
Fuentes del sector confirmaron que los cambios operativos impactaron a miles de pasajeros en plena temporada alta. Algunas compañías, como Copa, mantuvieron operaciones diurnas con niveles elevados de alerta, mientras otros transportistas revisaron frecuencias y cobertura, con escalas en países vecinos.
El Ejecutivo venezolano, por su parte, revocó concesiones a varias aerolíneas internacionales a las que acusó de plegarse a “acciones de terrorismo” promovidas desde Washington. Las asociaciones del sector pidieron claridad regulatoria y coordinación entre autoridades para evitar mayores disrupciones.
El despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe —con el portaaviones USS Gerald R. Ford en la zona— elevó la temperatura regional. Aunque Washington justifica las operaciones como parte de su ofensiva contra el narcotráfico, especialistas advierten que la percepción de riesgo para la navegación aérea aumenta en escenarios de ejercicios militares.
Juristas consultados señalan que un “cierre” efectivo del espacio aéreo de un tercer Estado exige decisiones de ese Estado o resoluciones multilaterales. En la práctica, los gobiernos y aerolíneas reaccionan a boletines de seguridad, seguros y evaluaciones de riesgo.
El turismo receptivo y la carga aérea sufren los primeros efectos. Agentes de viaje reportan reembolsos, cambios de itinerario y mayor demanda de rutas alternativas a través de aeropuertos de conexión en Panamá, Bogotá o Lima.
La proximidad de las fiestas de fin de año complica aún más el panorama. Sin un marco estable, los usuarios priorizan alternativas con garantías de reembolso y flexibilidad, mientras las aerolíneas ajustan capacidades según evolucionen las advertencias.
La atención se centra en posibles precisiones de Washington, en la postura de organismos como OACI y en nuevos comunicados de la autoridad aeronáutica venezolana. Cualquier escalamiento militar o diplomático podría reflejarse de inmediato en los tableros de vuelos.
Caracas y Washington entran en un nuevo compás de espera: los reguladores, las aerolíneas y los pasajeros piden certezas. Por ahora, la recomendación dominante es seguir los avisos oficiales y planificar con márgenes.
