El presidente de EE. UU. comparó a Colombia y México en su cruzada antidrogas.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó en un intercambio con periodistas a bordo del Air Force One que “tenemos un problema en Colombia”, al referirse al flujo de drogas que llega a su país desde la región. El comentario, realizado la noche del 14 de noviembre, volvió a tensar la relación con el gobierno de Gustavo Petro y reactivó el debate sobre los métodos de la lucha antidrogas.
El señalamiento se produjo mientras Trump era consultado sobre sus próximos pasos frente a Venezuela. Aunque evitó dar detalles, sostuvo que su administración ha “hecho progreso” contra el tráfico ilícito, pero apuntó a Colombia y México como focos persistentes. En Bogotá, las palabras fueron leídas como un nuevo capítulo de un desencuentro que ya afecta la cooperación en seguridad.
En los últimos meses, Washington ha intensificado operaciones contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico. Esas acciones, defendidas por la Casa Blanca como un asunto de seguridad nacional, han sido cuestionadas por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos por el riesgo de ejecuciones extrajudiciales. En Colombia, la controversia escaló junto con el tono del intercambio político.
El presidente Gustavo Petro ha criticado el enfoque militar directo y ha insistido en priorizar la reducción de cultivos con alternativas económicas para campesinos y pescadores. Según su gobierno, el eslabón más débil de la cadena no debe ser el objetivo central, sino las finanzas criminales y el consumo en países de destino. Esa brecha conceptual con Washington se ha ampliado desde mediados de año.
Trump, por su parte, ubicó a Colombia y México en el centro del problema. De acuerdo con reportes periodísticos, en las mismas declaraciones sobre Venezuela, el mandatario dijo que su gobierno “ha hecho mucho” para contener los cargamentos, pero advirtió que aún hay “un problema” con estos dos países. La mención directa a Colombia generó inquietud en sectores económicos por el impacto potencial sobre comercio y cooperación.
La relación bilateral atraviesa, de hecho, su momento más tenso del año. Medidas comerciales anunciadas recientemente por Washington, sumadas a la fricción en temas de seguridad, han encendido alertas en gremios y analistas. Para Bogotá, el costo de un deterioro prolongado sería alto, dada la magnitud del intercambio y los programas de desarrollo financiados con cooperación internacional.
En paralelo, la prensa internacional registró movimientos inusuales en la cooperación de inteligencia. Medios británicos y estadounidenses informaron que el Reino Unido pausó parte del intercambio de información con EE. UU. en el Caribe por dudas legales sobre los ataques a “narcolanchas”. Si bien autoridades en Washington han negado un corte formal, el episodio refleja el alcance del debate.
Colombia también anunció la suspensión de la cooperación de inteligencia con Estados Unidos en este frente, condicionando a una revisión de las operaciones. La decisión de Bogotá respondió a las preocupaciones por el uso de la fuerza, mientras pedía respetar estándares internacionales y salvaguardas de derechos humanos. El anuncio marcó un punto de inflexión en la agenda compartida.
La polémica se potenció con una publicación de la prensa estadounidense que retrató a Petro como un mandatario dispuesto a confrontar a Trump. El texto repasó la trayectoria del líder colombiano y subrayó que su postura divide opiniones dentro y fuera del país. Para algunos, se trata de una defensa de principios; para otros, una apuesta arriesgada ante un aliado clave.
En el terreno, la presión antidrogas continúa: incautaciones de embarcaciones de bajo perfil, interdicciones de semisumergibles y operaciones coordinadas con marinas y guardias costeras de la región se han vuelto frecuentes. Al mismo tiempo, los cultivos ilícitos y las nuevas tecnologías de las redes criminales —como drones y sistemas de navegación satelital— complejizan el panorama.
El cruce verbal entre Trump y Petro ya tuvo eco en México, actor central de la ruta hacia el mercado estadounidense. La alusión del presidente de EE. UU. al vecino del norte reavivó discusiones sobre corresponsabilidad y sobre el equilibrio entre control territorial, cooperación judicial y reducción de la demanda.
De fondo, persiste la pregunta por el balance entre mano dura y prevención. Mientras Washington enfatiza el componente represivo, Bogotá insiste en un enfoque integral con desarrollo rural y transformación de mercados. La conciliación de esas visiones determinará el clima de la relación en los próximos meses.
En Colombia, bancadas de gobierno y oposición interpretaron el mensaje de Trump según su línea: unos lo vieron como presión legítima para “ajustar” la estrategia; otros, como un intento de imponer una agenda que ya mostró límites en el pasado. En el sector privado, hubo llamados a blindar la cooperación y el comercio de cualquier vendaval político.
En Washington, funcionarios defendieron las operaciones y rechazaron lecturas de ruptura con aliados. En Londres, informes periodísticos sobre una pausa selectiva de inteligencia generaron debate político, mientras que analistas jurídicos pidieron clarificar el marco legal de cualquier uso de la fuerza contra embarcaciones sospechosas.
El mensaje de Trump tensó aún más una cuerda que ya venía tirante. De cómo se gestione la cooperación y se aclare el marco de operaciones en el Caribe dependerá si la agenda bilateral se recompone o deriva en un choque de mayor calado.
