Documento analiza cuentas 2023–2025 y desata debate público.
Un reporte “secreto” de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), fechado el 17 de junio de 2025, analiza los movimientos bancarios del presidente Gustavo Petro entre enero de 2023 y junio de 2025. El documento, conocido tras el llamado del propio mandatario a publicar su historial, registra 59 compras POS por $502.198.225 y detalla productos financieros en varias entidades.
El informe, elaborado por equipos de inteligencia financiera, identifica cuentas en Scotiabank, BBVA, Banco Agrario, Confiar y Sudameris, entre otras. Uno de los productos tipo AFC se usa para cubrir cuotas hipotecarias de un inmueble en Hacienda Fontanar (Chía), de acuerdo con el texto.
En materia de ingresos, el Ministerio de Hacienda consignó más de $1.124 millones por concepto de salario presidencial entre 2023 y mediados de 2025, con montos mensuales que oscilan entre $26 y $48 millones. El documento no incluye información de 2022.
El resumen de compras muestra consumos en marcas de lujo como Gucci, Ralph Lauren y Prada, además de Apple, Nordstrom y Casa Dei Tessuti (Florencia). En la relación aparece un pago en el Menage Strip Club, en Lisboa (Portugal), correspondiente a mayo de 2023, hecho que avivó la controversia política.
Tras conocerse apartes del reporte, Petro publicó en X que ya ha hecho públicas sus cuentas desde 2022 y pidió que se comparen con su declaración de renta. “Pueden investigar lo que quieran”, afirmó, defendiendo la transparencia de sus finanzas personales.
Desde la oposición, figuras como Enrique Gómez cuestionaron si hubo uso de recursos públicos y exigieron explicaciones sobre el pago en el club nocturno. El periodista Melquisedec Torres listó las marcas asociadas a los consumos, mientras que analistas como Lina García criticaron la disonancia entre el discurso presidencial y el nivel de gasto personal.
El reporte también señala autorizaciones de acceso a tarjetas débito para Jesusita Quirós, Laura Sarabia y Angie Rodríguez, colaboradoras cercanas al presidente, según los registros.
La controversia revive comparaciones con casos internacionales de escrutinio a gastos de mandatarios y funcionarios, donde compras privadas, aun si son legales, generan percepción de incoherencia frente a mensajes de austeridad.
Mientras la UIAF mantiene la reserva del documento y se discute su alcance, el episodio plantea preguntas sobre estándares de transparencia y la frontera entre gastos privados y el uso de recursos del Estado.
En lo inmediato, el debate se centra en aclarar si hubo fondos públicos comprometidos en consumos personales y en la publicación completa de soportes. El tema sigue en desarrollo y a la espera de respuestas oficiales adicionales.
