Ofrecen arriendos y reubicación; comunidad insiste en retorno
El Distrito de Bogotá ordenó la evacuación de la UPI La Rioja, donde permanecen 389 personas de la comunidad indígena emberá, entre ellas niños, mujeres gestantes y adultos mayores. La decisión se tomó tras alertas por riesgo estructural del inmueble y peligros asociados a obras próximas del metro y condiciones sanitarias.
Pese al ultimátum administrativo, líderes emberá reiteraron que no saldrán de la sede y exigen garantías para un retorno digno a sus territorios o alternativas colectivas que preserven su organización comunitaria. La Alcaldía informó que no contempla asentamientos colectivos en la ciudad y ofreció subsidios de arriendo y traslado a otros centros distritales.
La Secretaría de Gobierno explicó que el proceso inició con una querella ante inspección de policía para propiciar la salida voluntaria, en cumplimiento de una orden judicial que exige evacuar el inmueble. El IDIPRON, administrador de la UPI, ha insistido en la urgencia por el “riesgo inminente” y en la obligación de proteger a niñas y niños que habitan allí.
Autoridades distritales señalaron que, además del deterioro estructural, la cercanía de maquinaria pesada por las obras del metro supone un tercer factor de amenaza para la población infantil. En la sede se han reportado episodios de hacinamiento y condiciones sanitarias precarias, reconocidas por entidades de control y organizaciones humanitarias.
La comunidad emberá, desplazada por el conflicto en su mayoría desde Chocó y Risaralda, llegó inicialmente a Bogotá en oleadas que derivaron en campamentos temporales en el Parque Nacional. Posteriormente, fue conducida a alojamientos distritales como La Rioja y La Florida, concebidos como medidas transitorias que se extendieron en el tiempo.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha emitido decisiones que ordenan acciones urgentes, entre ellas la evacuación por razones de vida y seguridad, así como la búsqueda de inmuebles idóneos para garantizar estándares mínimos. La Personería de Bogotá también acudió a la tutela para exigir medidas de protección, priorizando a la niñez.
En la fase de conciliación, el Distrito ofreció arriendos en distintos puntos de la ciudad y traslado a la UPI La Florida, pero las autoridades enfatizan que no habrá reubicaciones colectivas permanentes en espacio público o alojamientos no aptos. La ruta incluye acompañamiento humanitario, caracterización y coordinación con el ICBF.
Voceros emberá argumentan que las alternativas propuestas fragmentan la comunidad y dificultan su organización cultural. Recalcan que la salida de La Rioja solo sería aceptable si se garantiza un retorno con seguridad a sus resguardos o soluciones colectivas dignas en territorio urbano mientras se concreta el retorno.
El caso de La Rioja refleja una crisis prolongada de atención a población indígena desplazada en Bogotá, con advertencias previas sobre hacinamiento, riesgos sanitarios y presencia de economías ilegales en sectores cercanos. La administración distrital y el Gobierno nacional han cruzado señalamientos sobre responsabilidades y recursos.
En las próximas horas se esperan nuevas audiencias y actuaciones de policía administrativa. El Distrito insiste en un operativo con enfoque diferencial y garantías humanitarias, mientras organizaciones sociales piden evitar el uso de la fuerza y privilegiar acuerdos que reconozcan la autonomía y la protección integral de la niñez.
La Personería y defensores de derechos humanos pidieron que cualquier actuación incorpore protocolos para evitar traumatismos, con enfoque étnico y de infancia. Expertos en política pública advierten que, sin un plan de retorno consensuado y financiación clara, el ciclo de reubicaciones temporales podría repetirse en otros puntos de la ciudad.
La Alcaldía sostuvo que mantiene oferta de arriendo temporal, transporte y alimentación, y que coordina con el ICBF la protección reforzada de niños y adolescentes. Organizaciones indígenas denuncian que la falta de soluciones colectivas sostenibles perpetúa el limbo humanitario.
La evacuación de La Rioja será una prueba clave de hasta dónde Bogotá puede conciliar la protección de la vida con la garantía de derechos culturales y el enfoque diferencial. La discusión sobre retorno, vivienda y dignidad de los emberá seguirá en el centro del debate.
