Exigen presencia de la ANT y cumplimiento de acuerdos.
Urabá amaneció este viernes bajo un paro indefinido convocado por asociaciones campesinas que acusan al Gobierno nacional de incumplir compromisos en acceso y formalización de tierras. La protesta se concentra en el corredor San Juan de Urabá–Arboletes, donde hay cierre total con paso humanitario para ambulancias.
Los manifestantes, que agrupan alrededor de 89 organizaciones, reclaman la presencia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para destrabar expedientes y avanzar en titularización de predios. La lideresa Ayineth Pérez aseguró que las promesas de hace un año “no se han materializado”.
El bloqueo genera afectación a la movilidad y a la carga en una vía que conecta Urabá con Córdoba y la Costa Caribe. Videos y reportes locales ubican el punto crítico a la altura del Parador Turístico entre San Juan y Arboletes.
Las comunidades piden mesas de diálogo inmediatas, cronogramas y responsables para cumplir lo pactado: formalización, proyectos productivos, vías terciarias y garantías a víctimas. Sostienen que sin respuestas concretas mantendrán el paro.
El representante a la Cámara Pedro Baracutao afirmó que ha radicado al menos siete constancias y promovido cerca de diez audiencias sobre la crisis de tierras en Urabá. También señaló retrasos en políticas de sustitución y restitución.
Organizaciones de mujeres y reclamantes de tierras, entre ellas el Movimiento de Mujeres Campesinas de Urabá, lideran parte de la agenda social. La figura de Ayineth Pérez ilustra la persistencia de víctimas que han logrado fallos de restitución, pero aún enfrentan obstáculos de ejecución.
Autoridades locales monitorean los impactos sobre abastecimiento, pasajeros y transporte de carga. En bloqueos similares de la región, se han registrado represamientos y desvíos hacia vías secundarias con riesgos de seguridad vial.
La ANT no había emitido un pronunciamiento detallado al cierre de esta edición. Los manifestantes solicitan que la entidad despliegue equipos en territorio y publique un plan de acción verificable con tiempos de trámite por expediente.
Comparado con paros agrarios recientes en la región y en otros países de la región, las mesas técnicas con cronogramas públicos han sido claves para destrabar conflictos, aunque los efectos económicos por bloqueos suelen persistir por varios días.
Si no hay avances, sectores productivos advierten sobre sobrecostos logísticos, pérdida de productos perecederos y demoras en rutas hacia Montería y el Caribe. Transportadores piden garantías de movilidad y diálogo con garantes.
Reacciones y consecuencias. Gremios locales y ciudadanía reclaman salidas pacíficas y priorizar el paso de insumos esenciales. Líderes sociales insisten en que el paro es la última vía para exigir derechos a la tierra y cumplimiento de sentencias que, dicen, siguen sin materializarse.
Desde el Congreso se pidió a la ANT y al Ministerio de Agricultura instalar mesas con trazabilidad pública y participación de veedores. Analistas recomiendan un mecanismo de verificación independiente para evitar nuevos estancamientos.
Con el inicio de la temporada de fin de año, el reto será mitigar el impacto económico y dar garantías a las comunidades.
