La UIAF reportó un alza patrimonial inusual de Bernardo Forero; el caso se conoció por columnas periodísticas.
El patrimonio del vicepresidente de Ecopetrol para la Región Andina Oriente, Bernardo Enrique Forero Duarte, habría aumentado cerca de $7.000 millones en un periodo reciente, de acuerdo con una alerta de la UIAF conocida por la presidencia de la petrolera desde febrero de 2024, según revelaciones periodísticas. La situación reactivó cuestionamientos internos y externos sobre los mecanismos de control de la estatal y la gestión de reportes de operaciones sospechosas.
La controversia escaló cuando el presidente Gustavo Petro pidió al titular de Ecopetrol, Ricardo Roa, “actuar” si se comprueba enriquecimiento ilícito. En paralelo, versiones de prensa han recordado que el ejecutivo ya figuraba en observaciones previas, internas y externas, por eventuales inconsistencias patrimoniales. Ecopetrol no ha anunciado aún medidas internas definitivas y el directivo no ha sido imputado por autoridad judicial.
De acuerdo con las publicaciones, la UIAF informó sobre el incremento patrimonial y solicitó explicaciones. La alerta, que habría llegado a la oficina de la presidencia de Ecopetrol a inicios de 2024, se sumaría a ROS previos que reposan en archivos de la compañía. Columnas de opinión y notas informativas atribuyen a esa secuencia la falta de trámite oportuno dentro de la empresa.
El caso se desarrolla en un contexto de escrutinio sobre la gobernanza corporativa de Ecopetrol. En meses anteriores, otras decisiones del alto gobierno corporativo generaron debate público y salidas en la junta, mientras se conocían indagaciones disciplinarias e internas sobre diversos frentes. Las fuentes consultadas insisten en que el impacto mayor es reputacional y exige trazabilidad documental.
El presidente Ricardo Roa ha sostenido públicamente que Ecopetrol avanza en la transición energética y ha defendido la integridad de sus procesos, mientras voces críticas piden claridad sobre el manejo de alertas sensibles. En el pasado, investigaciones periodísticas señalaron costos reputacionales que derivaron incluso en contratación de firmas externas para evaluar riesgos.
Comparado con antecedentes internacionales, casos de “incrementos patrimoniales inusuales” en directivos de empresas estatales suelen activar auditorías forenses y protocolos estrictos de cumplimiento. En Colombia, esas acciones comprenden reportes obligatorios, comités de ética y divulgaciones a los órganos de control, rutas que hoy vuelven a examinarse.
La defensa del debido proceso subraya que la alerta de la UIAF no equivale a sanción ni delito y que corresponde a la compañía y a las autoridades verificar orígenes, soporte fiscal y bancario, y explicación de variaciones. Por ahora, el foco es determinar si hubo omisiones en el trámite interno de advertencias y qué correctivos adoptará la administración.
Al cierre de esta edición, Ecopetrol no ha informado públicamente de decisiones disciplinarias contra el vicepresidente señalado, y se espera que las instancias internas definan el curso de las verificaciones. El asunto involucra información sensible de carácter financiero y personal, por lo que las fuentes llaman a cautela y rigor probatorio.
Tras el mensaje del Presidente, sectores políticos y del mercado pidieron celeridad y transparencia en las verificaciones. Analistas advierten que, aunque el efecto en resultados es indirecto, los riesgos reputacionales pueden incidir en la percepción de gobierno corporativo y en la confianza del inversionista.
Organismos de control y periodistas han solicitado divulgaciones claras sobre los pasos seguidos desde la llegada del reporte de la UIAF. Expertos en cumplimiento recuerdan que la trazabilidad del caso y la oportunidad en la respuesta son determinantes para mitigar riesgos legales y reputacionales.
El caso abre un nuevo capítulo en el debate sobre controles internos en empresas estatales estratégicas. La verificación documental, auditorías y cooperación con autoridades serán claves para disipar dudas y restituir confianza.
